¿Quién defenderá los derechos humanos?

Supongamos un país con suficiente organización y recursos que de pronto pasa al sistema de economía de libre mercado. En tal situación, el Estado tenderá a ser un simple “administrador” al tiempo que la empresa privada se preocupará por el desarrollo de sus negocios. Los presupuestos para salud, educación y seguridad social serán progresivamente recortados. El Estado dejará de ser “asistencialista”, por consiguiente no tendrá responsabilidad en la situación. La empresa privada tampoco tendrá que hacerse cargo de los problemas, ya que las leyes que pudieran obligarla a proteger tales derechos serán modificadas.

La empresa entrará en conflicto aun con regulaciones sobre salubridad y seguridad laboral, pero la idea y la práctica salvadora de la privatización de la salud pondrá a la empresa en situación de llenar el vacío dejado en la anterior etapa de transición. Este esquema se repetirá en todos los campos a medida que avance el privatismo, que se ocupará de ofrecer sus eficientes servicios a quienes puedan pagarlo, con lo cual el 20% de la población tendrá cubiertas sus necesidades. ¿Quién defenderá entonces los derechos humanos dentro de la concepción universal e igualitaria?

En este tipo de discusión, de pronto se pasará de la declamación idílica sobre la “abundancia general” a la brutalidad expositiva que con carácter de ultimátum se presentará, aproximadamente, en éstos términos: “Si las leyes limitan al capital éste abandonará el país, no llegarán inversiones, no habrá préstamos internacionales ni refinanciación de deudas contraídas anteriormente, con lo cual se reducirán las exportaciones y la producción y, en definitiva, se comprometerá el orden social.” Así, con toda simpleza, quedará expuesto uno de los tantos esquemas de extorsión.