FACUA reclama al Gobierno que apruebe un IVA reducido para la electricidad de forma permanente
FACUA - Consumidores en Acción insta al Gobierno a consolidar la bajada del IVA en la electricidad de forma permanente, en lugar de la apuesta actual por una reducción temporal y supeditada al precio del megawatio hora.
El IVA de la luz subirá el martes 5 de marzo de nuevo al 21% en virtud del mecanismo diseñado por el propio Real Decreto-ley 8/2023, que contemplaba un impuesto del 10% siempre y cuando los precios del mercado mayorista estuvieran por encima de los 45 euros el megawatio hora. Al no haberse superado ese precio durante el mes de febrero, marzo no contará con dicha reducción, y habrá que esperar a conocer el precio de la electricidad durante este mes para averiguar qué ocurrirá con abril. Desde junio de 2022 y hasta enero de este año, el IVA aplicado había sido del 5%.
En este sentido, aunque FACUA ha valorado de forma positiva la reducción del IVA de la electricidad, que ha logrado contener los precios y evitar que se disparen aún más, señala que la medida no puede tener carácter coyuntural y debe desligarse de los vaivenes del mercado.
De esta manera, la asociación insiste en que considera fundamental que se consolide un impuesto reducido, y que la bajada de recaudación para las arcas del Estado que se derive de esta disminución del IVA puede ser perfectamente compensada con un aumento en los impuestos directos que afecte a quienes más ganan (grandes empresas), de manera que se sigan garantizando cuestiones esenciales como la sanidad y la educación públicas.
Otras propuestas
FACUA también recuerda que lleva años pidiendo al Gobierno que inste a la Unión Europea a acometer una profunda reforma del mercado eléctrico, que debe pasar por la salida de la producción hidráulica y nuclear de la subasta marginalista, ya que ambas provocan incrementos injustificados en los precios.
De igual forma, también resulta necesario avanzar en la creación de una empresa pública de energía y la recuperación para el Estado de las concesiones de centrales hidroeléctricas que caduquen para integrarlas en una empresa pública generadora de energía, de manera que con ella puedan fijarse precios justos que contribuyan a reducir la factura de la luz.
Junto a estas medidas, la asociación también incide en que debe realizarse un mayor control del fraude que se comete en el sector eléctrico (ofertas engañosas, incumplimientos de periodos de contratación…) y reformar el sistema de concesión del bono social para que pueda llegar a muchas más familias que lo necesitan.