FACUA Madrid reclama al ayuntamiento de la capital que estudie las acciones legales que se deben tomar tras conocerse las irregularidades en la venta de 1.860 viviendas públicas protegidas a dos sociedades del fondo buitre Blackstone en 2013.
El informe provisional de la Cámara de Cuentas de Madrid, al que ha tenido acceso eldiario.es, recoge, según este diario, que los contratos vulneraron “las más elementales reglas de buena gestión”, y desgrana numerosas irregularidades cometidas por la entonces alcaldesa Ana Botella y su equipo de Gobierno.
Foto: flickr.com/losmininos (CC BY-SA 2.0).La asociación demanda que si el informe definitivo llega a las mismas conclusiones que publica eldiario.es, se lleven a cabo las acciones legales necesarias, incluidas, si se desprenden responsabilidades penales, su traslado a Fiscalía, y que el Ayuntamiento adopte las medidas requeridas para evitar una situación similar en el futuro.
El informe provisional de la Cámara de Cuentas concluye, de acuerdo a la información publicada, que la Empresa Municipal de Vivienda y Suelo, en la venta de viviendas sociales a los fondos buitres, “no solo ignoró las normas de contratación”, sino también “los criterios de racionalidad, economía y eficacia que deben presidir la gestión de los intereses públicos”.
Así, entre otras cosas, eldiario.es informa de que la EMVS facilitó información privilegiada a cuatro empresas sobre las condiciones de la venta antes de anunciar la operación públicamente. Por lo tanto, parece que “no hubo concurrencia pública” en la venta de la cartera de pisos sociales, dado que cuatro fondos aspirantes ya disponían de información que nadie más tenía.
Además, siempre según la información publicada, la EMVS obvió fijar el preceptivo pliego de condiciones, así como los informes de necesidad y viabilidad técnica y jurídica de la operación, e “ignoró su obligación de establecer una tasación objetiva del valor de los bienes a enajenar”.
FACUA se opone a que la gestión de las viviendas públicas sea realizada por empresas privadas, mucho más cuando éstas tienen su sede en el extranjero, como es el caso de las dos sociedades del fondo buitre Blackstone, y por lo tanto escapan al control de las Administraciones competentes españolas.