El derecho a una vivienda digna

Por una vez, y sin que sirva de precedente, uno de los temas más tratados en los medios a lo largo de las últimas semanas ha sido algo realmente importante. De hecho, a mi juicio es uno de los problemas cruciales que enfrenta en la actualidad nuestra sociedad: el de la vivienda. Algo que se antoja inalcanzable para un porcentaje creciente de la ciudadanía de nuestro país, por diversos motivos que abarcan desde la falta de recursos hasta la imposibilidad de cumplir con los requisitos demandados para ello, pasando por la inferioridad de la oferta en relación a la demanda en determinados lugares, motivado a menudo por la extensión incontrolada del uso turístico.

En este asunto, me parece importante recordar que el derecho a la vivienda está recogido en nuestra Constitución, en su título I (“De los derechos y deberes fundamentales”), capítulo tercero (“De los principios rectores de la política social y económica”), donde el artículo 47 dice textualmente: “Todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada”. Sí, eso es de sobra conocido, pero lo que a menudo se olvida es lo que viene justo después: “Los poderes públicos promoverán las condiciones necesarias y establecerán las normas pertinentes para hacer efectivo este derecho, regulando la utilización del suelo de acuerdo con el interés general para impedir la especulación”.

He ahí la clave: ¿están realmente los poderes públicos regulando la utilización del suelo de acuerdo con el interés general para impedir la especulación? No lo parece, dado lo que podemos leer en el editorial de El País del pasado 30 de septiembre: “Desde 2015, el precio de compra en España ha subido un 42%, según Eurostat —casi el doble que los salarios—, y los alquileres se han disparado hasta el punto de que el 39% de los hogares en este régimen han de destinar más del 40% de sus ingresos a esa partida”.

Súmese a ello que nuestro país, en términos de vivienda social, está muy por debajo de la media europea. Siguiendo con la misma fuente: “España está peor que la mayoría, pues apenas tiene un 2% de vivienda social, cuando la media europea es del 10% y hay países con más del 20%”. Cómo no va a ser así, si tenemos muestras como lo ocurrido en nuestra comunidad y en nuestra ciudad no hace tanto, cuando las dos Administraciones respectivas vendieron sus parques de viviendas sociales a fondos buitre y aquí no pasó nada. Viviendas sociales en las que además ya había gente viviendo, que había cumplido unos requisitos y adquirido unos derechos al entrar en ellas.

Toda esta situación ha modificado la relación de los españoles con la vivienda. Si a principios de este siglo “el 75% de las familias de entre 30 y 44 años vivían en una casa en propiedad”, ahora solo son el 55%, y un 34% vive de alquiler, el doble que entonces. Pero los alquileres cada día están más complicados: ante la demanda y el miedo al impago, ahora te piden cada vez más cosas; unos actores privados (sean los propietarios o la agencia) exigen más papeles (nóminas, extractos bancarios, declaración de la renta, toda una colección de certificados…) que si fueras a pedir una ayuda pública. Y algunas de las cosas que imponen no son legales, como el seguro de impago (ya hay al menos una sentencia que así lo establece) o los honorarios de la agencia inmobiliaria camuflados bajo otro concepto.

Quienes se oponen a la regulación de los precios y condiciones de la vivienda suelen hacerlo pidiendo comprensión hacia los “pequeños ahorradores” (obviamente, pues saben que el gran capital inmobiliario no genera precisamente empatía), pero qué quieren que les diga: si la vivienda es un derecho, antes de que nadie pudiera plantearse tener dos, tres o doscientas, nos deberíamos asegurar de que absolutamente todas las familias de este país tienen al menos una digna y adecuada, y por supuesto no debería haber ni una sola vacía mientras todo el mundo no tenga un techo bajo el que cobijarse. Así que si para este tipo de cosas, gestionar lo común y garantizar los derechos de la ciudadanía, de momento tenemos un Estado, éste ha de intervenir para que no haya casas sin gente ni gente sin casas. Y si no lo hace, tendremos que organizarnos de otra forma, porque esto no funciona. De momento, el próximo 13 de octubre una treintena de colectivos han convocado una gran manifestación por el derecho a la vivienda en Madrid, que dará comienzo a las 12:00 en Atocha y bajo el lema “La vivienda es un derecho, no un negocio” recorrerá las calles del centro hasta llegar a Callao. Sobran los motivos para sumarse.