ROBERTO BLANCO TOMÁS. Abril 2018.
Entre las noticias acaecidas en el último mes, he retenido una para comentar con ustedes en este espacio, por parecerme excelente reflejo de la postura de nuestros Estados europeos y democráticos ante el fenómeno de la inmigración. Me refiero, claro, a la incautación por las autoridades italianas del barco de la ONG Proactiva Open Arms.
La historia es la siguiente: la fiscalía de Catania ordenaba el 18 de marzo la inmovilización del citado barco en el puerto de Pozzallo, donde había atracado el día anterior tras realizar el salvamento de 218 inmigrantes a unas 70 millas de las costas de Libia. Durante el mismo, habían tenido un incidente con unidades del servicio de guardacostas libio, a las que se habrían negado a entregar a las personas rescatadas. Proactiva Open Arms y los periodistas que se encontraban a bordo denunciaron amenazas de los guardacostas, que impidieron que la mayoría de los inmigrantes pudieran acercarse al barco. Como resultado de la orden de la fiscalía, el barco era confiscado preventivamente bajo los cargos de favorecer la inmigración irregular y de organización criminal, abriéndose una investigación a la jefa de misión Anabel Montes, al capitán Mark Reig y a un responsable de la organización. Posteriormente, el martes 27, el juez instructor de Catania confirmaba la incautación por el primero de los cargos, desestimando, eso sí, el delito de organización criminal. Se ve que ya le daba demasiada vergüenza al hombre...
Y no sé qué les parecerá a ustedes, pero a mí me parece tremendo: ahora resulta que rescatar personas es un delito, porque no se toma en cuenta que se están salvando vidas, sino que a esas vidas salvadas se las deposita en nuestra insolidaria Europa, y eso es “favorecer la inmigración irregular”. Vamos, que nos da igual que esas personas se mueran en el mar con tal de que no vengan aquí a molestar. Claro, se me puede contestar que nadie habla de que los inmigrantes se mueran, que para eso están los guardacostas libios. Pero, como denuncia Matteo de Bellis, investigador de Amnistía Internacional, resulta que “La Guardia Costera libia desembarca en suelo de Libia a las personas que intercepta en el mar, que sufren en ese país periodos prolongados de reclusión arbitraria en centros donde la tortura está a la orden del día”. Así que “Una embarcación europea no puede devolver legalmente a nadie a Libia porque está prohibido transferir a personas a un lugar donde estarían realmente expuestas a sufrir tortura u otras violaciones graves de derechos humanos”, continúa el investigador, que alerta sobre “el plan de la Unión Europea para delegar el control del Mediterráneo central en la Guardia Costera libia con el fin de impedir que las personas refugiadas y migrantes lleguen a Europa”.
Ya lo decía al principio: un caso sintomático de la actitud de nuestros Estados ante la inmigración. Tanto como el hecho de que Mame Mbaye, el mantero senegalés fallecido el 15 de marzo en Lavapiés, llevase 13 años en Madrid sin haber podido regularizar su situación, lo que no es para nada un caso aislado. Vivimos en una sociedad egoísta, y al menos en el caso español bastante ciega y tonta ante el abismo al que se aproxima: tras el baby boom que se dio entre finales de los cincuenta y finales de los setenta, la natalidad se desplomó y aún no se ha recobrado, ni tiene pinta de hacerlo. Ante esta situación, cuando terminen de jubilarse todos los babyboomers, es cuestión de simple matemática: ¿quién va a cotizar para cubrir sus pensiones? Parece de cajón que serán necesarias al menos dos cosas: un suplemento de ciudadanía (léase “inmigración”) que equilibre la pirámide poblacional, y la creación de empleo en condiciones dignas, ya que las cotizaciones de los trabajos basura que nos han dejado las sucesivas reformas laborales no sirven para solucionar este problema. Claro, que a los autores y coristas de las susodichas eso les traía sin cuidado. Ésa es otra.