Controlar los precios
Si les digo que se ha vuelto a liar, no sabrán a qué me refiero, pues hace ya tiempo que se lía por todo y con todo. Preciso entonces: hablo de la que se ha liado por el pedido de la vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, a las grandes distribuidoras en el sentido de que limiten los precios de determinados artículos de consumo de primera necesidad ante el alza de la inflación. Algo que parece bastante razonable con la que está cayendo, pero que evidentemente ha sentado fatal a los grandes beneficiarios de esos precios disparados, cuya protesta ha sido acompañada de manera fiel por su coro habitual. Con la acostumbrada cantinela: que si la libertad de mercado, que si Cuba, que si Venezuela, etcétera. Cansancio, oigan…
En fin, la vicepresidenta, en sus declaraciones (según leo en Cinco Días), repasaba las características que debería tener una cesta de la compra con productos básicos “a precios limitados o congelados”, apuntando que debía ser asequible y de calidad, incluir proteínas y frescos y estar disponible por lo menos hasta después de Navidades, así como “rotar” semanalmente para que de ese modo la dieta pueda ser “variada y sana”, y que debería haber una específica para celiacos. Y precisaba que esta demanda va dirigida a las grandes distribuidoras, para que lancen la cesta “a costa de sus márgenes empresariales” y no de los productores.
Bueno, pues como les comento, a la vicepresidenta se le han echado encima desde distintos sitios: oposición, empresarios, compañeros de Gobierno... Y rápidamente la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia ha advertido que cualquier acuerdo entre operadores para fijar precios máximos en algunos alimentos está prohibido. Les parecerá muy definitivo, pero quizá habría que recordarles a ellos que las leyes nunca lo son: algo está prohibido hasta que se promulga otra ley que lo permite. También que según el artículo 128 de la Constitución “Toda la riqueza del país en sus distintas formas y sea cual fuere su titularidad está subordinada al interés general”, y según el 131 “El Estado, mediante ley, podrá planificar la actividad económica general para atender a las necesidades colectivas, equilibrar y armonizar el desarrollo regional y sectorial y estimular el crecimiento de la renta y de la riqueza y su más justa distribución”.
También hay que decir que la vicepresidenta no está inventando nada nuevo. En Francia, en 2011, en medio de la “Gran Recesión”, el entonces presidente Nicolas Sarkozy se reunió con las grandes superficies para que propusieran una lista de alimentos que los consumidores pudieran adquirir a un precio reducido. Dicha propuesta incluyó diez productos variados, como una pieza de carne, pescado, fruta, verdura, un lácteo y alguna bebida. También en Argentina, en mayo de 2016, en el marco de una subida de precios que afectaba a los alimentos, el Gobierno del entonces presidente Mauricio Macri elaboró una lista de 400 alimentos que alcanzaban hasta 23.000 productos y que congelaron sus precios durante cerca de cinco meses.
Y si les interesa la humilde opinión de este no menos humilde plumilla, aun dándome perfecta cuenta de que anunciar una cosa así es un caramelo como marketing electoral (y entiendo que buena parte del mosqueo de algunos de sus compis de Gobierno viene de que lo ha lanzado la Díaz y no ellos), la iniciativa no me parece mal, si acaso insuficiente: yo controlaría todos los precios, empezando por los de la vivienda, siguiendo con las energías y combustibles y terminando con los alimentos, artículos de higiene, y entremedias todo lo demás. Porque la economía es algo demasiado importante como para dejarlo en manos del mercado, en el que la única ley que impera es la de la selva, y porque los beneficios de unos pocos no pueden estar por encima de la vida de los demás.