Los pisos turísticos y el impacto que suponen en la vida cotidiana de los vecinos

La ciudad de Madrid está experimentado en los últimos años un fortísimo cambio, que se acentuó durante la pandemia y que amenaza con incrementarse exponencialmente, motivado por la invasión de turistas españoles y de todas las nacionalidades, que está modificando en muchos sentidos el modo de vida de los vecinos.

El efecto de la invasión de turistas, que supone un incremento de la economía madrileña y que se traduce también en la creación de puestos de trabajo en los sectores de la hostelería, la restauración y el comercio, puede parecer que solo tiene efectos beneficiosos para la ciudad y sus vecinos. Pero hay que analizar también los costes sociales negativos que conlleva para los vecinos de los barrios.

La oferta hotelera actual no alcanza a satisfacer la demanda de alojamiento, lo que ha llevado a la transformación de viviendas habituales en pisos para turistas denominados “viviendas turísticas” (en adelante VUT), con precios diarios que pueden alcanzar más de 300 euros, produciendo una rentabilidad a los propietarios que nunca alcanzarían con alquileres anuales o de larga duración. Esta rentabilidad para los propietarios de viviendas y locales constituye un negocio muy jugoso, pero  tiene unos efectos negativos importantes, como son: la desaparición en el mercado de alquiler de viviendas para los vecinos y el consiguiente incremento de los precios de las que se destinan para vivienda habitual, con lo que se expulsa a los vecinos a los extrarradios de la ciudad; y la reconversión de locales necesarios para la vida cotidiana: carnicerías, pescaderías, panaderías, ferreterías, electricidad, fontanería, etc., que se convierten en VUT (según el censo de locales del Ayuntamiento de Madrid, hasta marzo de este año se han convertido  en viviendas 8.333 establecimientos).

Además las VUT producen graves problemas de convivencia en las comunidades de vecinos, al alterar la vida cotidiana afectando a su seguridad, descanso y tranquilidad. Los turistas que alquilan estas viviendas vienen a estos pisos sin el cuidado y el respeto necesario para los habitantes habituales, generando un desfile de personas desconocidas continuamente, con comportamientos indeseados: ruidos, suciedad y fiestas nocturnas.

A esto hay que añadir que, al no figurar como actividad de hostelería, estas VUT no pagan impuestos por los ingresos recibidos por el alquiler, como cualquier alquiler estable, lo que también constituye fraude legal; ni tienen registro de las personas que alquilan las viviendas, con lo que incumplen la obligatoriedad de facilitar los datos a la Dirección General de Seguridad, como hacen los hoteles y hostales.

Para dimensionar los problemas que suponen las VUT para los vecinos en lo reflejado en los párrafos anteriores, los datos muestran que entre 2014 y 2019 el flujo del turismo se incrementó en un 60% en la ciudad, y las viviendas turísticas pasaron de 2.153 a 12.763. La afectación sobre los distritos supone que actualmente hay en el mercado de alquiler vacacional, según la plataforma Airbnb, 25.543 viviendas, de las cuales son alquiladas de forma habitual 13.862, que coinciden con las 13.502 que refleja el Instituto Nacional de Estadística. Y liderando estos datos, es el Distrito Centro el que por distritos se destaca significativamente con cerca de 10.000 viviendas, figurando en segundo lugar nuestro distrito con 1.729 y Chamberí con 1.716.

Para regularizar la aparición de este nuevo tipo de VUT que produce los efectos descritos  anteriormente, el Ayuntamiento de Ahora Madrid redactó una normativa de fecha 9 de abril de 2019, que tenía como objetivo preservar el uso residencial en las áreas centrales de la ciudad mediante una nueva regulación de usos compatibles y autorizables, limitando al máximo la expulsión del uso residencial. En ella se establecía que las VUT solo se podían ubicar en la planta baja y primera de los edificios residenciales, siempre que tuvieran acceso o escaleras independientes. Y nunca en pisos altos y con escaleras compartidas con los vecinos. Además, siempre tienen que solicitar a la Comunidad de Madrid la licencia de actividad turística para poder alquilar las viviendas.

Pues bien, la situación actual es que el 98% de las VUT son ilegales por no tener la licencia de actividad e incumplir la exigencia de acceso independiente, que según el artículo 59 de la normativa es una infracción muy grave, lo que supone sanciones de 30.000 a 300.000 euros y la suspensión de la actividad como vivienda turística y la clausura definitiva del establecimiento.

Esta situación de ilegalidad refleja el abandono, la falta de control y el incumplimiento de la normativa por parte de la Comunidad y el Ayuntamiento de Madrid, que según sus datos solo han efectuado 597 actuaciones de control en 2023, recuperando su uso únicamente en 243 casos, y han impuesto en los últimos diez años la ridícula cifra de 94 sanciones de en torno a 300 euros a sus propietarios por no entregar la declaración responsable de actividad, no aplicando deliberadamente la normativa vigente y reduciendo el número de inspectores, de 30 que existían anteriormente a los 8 actuales, para  inspeccionar a las casi 14.000 VUT que existen en la ciudad. Estos hechos están sirviendo como excusa a Ayuntamiento y Comunidad para anunciar que la normativa actual se puede mejorar, y nos tememos que servirá para empeorarla, teniendo en cuenta que el Defensor del Pueblo ha respondido en varias ocasiones ante nuestras denuncias que todas las normativas que hace el Partido Popular tienen como primer objetivo la economía, dejando en segundo lugar el bienestar y la salud de los vecinos.

Desde nuestra Asociación Goya Dalí y la FRAVM (Federación Regional de Asociaciones de Vecinos de Madrid) venimos atendiendo a los vecinos de nuestro distrito y de toda la ciudad para asesorarles en la denuncia de las VUT que no tienen licencia de actividad. Y recomendamos tomar la medida preventiva de que la comunidad de propietarios pueda vetar estas viviendas de cara al futuro, en reunión extraordinaria y con el 60% de los votos, siendo obligatorio llevar el acta de la reunión al notario y al Registro de la Propiedad.