ANA DE GÓNGORA. Noviembre 2017.
¡Qué bochornosos espectáculos los que han dado el último fin de semana de octubre los partidos en el Gobierno central y en el catalán! Una vez más han demostrado que son profesionales en vivir de la política, careciendo de la capacidad y la dignidad para ejercer de políticos, y menos aún de estadistas, pues lo que han jaleado y aplaudido sus seguidores es la evidencia de su nula capacidad y voluntad de ejercer como tales.
Las banderas que se han estado usando como medio de confrontación en realidad servían para tapar las vergüenzas de los corruptos. La nacional, de la que una parte de españoles parecen haberse apropiado, en realidad se creó con un fin puramente mercantil durante el reinado de Carlos III en 1785. En cuanto a la estelada catalana, se creó en 1908 inspirada en la bandera de Cuba, y hay varias versiones. Entre las cuestiones que han tapado agitando las banderas como los toreros hacen con el capote y la muleta (y consiguiendo la misma reacción visceral que ellos), aquí están un par de ejemplos que deberían haber sido prioritarios en la información de todos los medios:
El 25 de octubre, la fiscal de la trama Gürtel, en sus conclusiones finales que le han llevado tres días, entre otras puntualizaciones decía: “Los hechos acreditados son de extrema gravedad, no solo por la naturaleza de los delitos cometidos y el perjuicio que ha provocado a los fondos públicos, sino porque se extendieron y enraizaron como un modo ordinario de contratación pública durante un largo periodo de tiempo y en distintas Administraciones gobernadas por el PP, en las cuales algunas de sus autoridades aceptaron sobornos para enriquecerse con cargo a los fondos públicos que tenían responsabilidad de conservar, proteger y salvaguardar”; y el día anterior había afirmado: “en este juicio ha quedado plena y abrumadoramente acreditado que los ‘papeles de Bárcenas’ hacían referencia a la caja B del PP”. También ha afirmado la fiscal, Concepción Sabadell, que “Hubo cobros en efectivo y en especie de los que se beneficiaron Ana Mato y el PP”.
El 23 de octubre, El Mundo publicaba en un amplio reportaje: “La Fiscalía Anticorrupción atribuye al ex-presidente de la Comunidad de Madrid Alberto Ruiz-Gallardón los delitos de malversación de caudales públicos en su variante cualificada, prevaricación y falsedad documental. El Ministerio Público enmarca la conducta supuestamente delictiva del también ex-ministro en la adquisición por 83 millones de euros públicos de la sociedad Inassa en el año 2001”.