La factura de la luz del usuario medio sube en febrero un 36%
La factura de la luz del usuario medio ha subido en febrero un 36,3% con respecto al mes anterior, según el análisis de FACUA - Consumidores en Acción sobre la evolución de la tarifa semirregulada (PVPC). Así, un usuario con una potencia contratada de 4,4 kilovatios (kW) y un consumo de 366 kilovatios hora (kWh) mensuales pagará un recibo de 91,61 euros, frente a los 67,20 euros de enero.
Éste ha sido segundo febrero más caro de la historia, teniendo por delante solo los 131,29 euros de hace un año. La evolución con respecto al recibo de febrero de 2022 supone una bajada interanual del 30,2%.
Más allá de las necesarias medidas que debe llevar a cabo el Gobierno para reducir los desproporcionados beneficios de las grandes eléctricas, FACUA critica la ausencia de actuaciones por parte del Ministerio para la Transición Ecológica encaminadas a potenciar que los usuarios soliciten los descuentos del bono social.
Año tras año, las cifras constatan que la gran mayoría de sus beneficiarios potenciales no lo solicitan. No lo hacen porque desconocen su existencia y características o debido a que creen que no tienen derecho a recibirlo. A día de hoy, el Gobierno continúa sin emprender campañas de publicidad institucional potentes sobre estos descuentos.
Y si esencial es que los consumidores conozcan el bono social, aún más lo es que entiendan los conceptos incluidos en la factura. Para ello, la asociación reclama igualmente tanto cambios regulatorios como campañas institucionales. No es fácil comparar las distintas ofertas existentes en el mercado cuando la factura que pagamos en la actualidad es difícil de comprender, algo que se ha agravado desde la implantación de los tramos horarios (punta, llano y valle) y aún más con la entrada en vigor del tope al gas.
Más allá de estas cuestiones, FACUA reclama medidas para fomentar que los consumidores optimicen la potencia contratada en sus viviendas. Según un análisis de la asociación, los consumidores domésticos pagan a las eléctricas cerca de mil millones de euros de más cada año por el exceso de kilovatios que figuran en sus contratos. El último Panel de Hogares de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia indica que siete de cada diez viviendas tienen contratada una potencia superior a la que necesitan.