La federación ve posibles delitos de prevaricación de los anteriores presidente de la Comunidad y consejera de Educación por dejar de ejecutar 130 millones del presupuesto.
Ignacio González y Lucía Figar.La FAPA Francisco Giner de los Ríos ha puesto en manos de su asesoría jurídica la documentación que tiene sobre la falta de ejecución presupuestaria en el ejercicio 2014, que en el caso de la Consejería de Educación ascendió a unos 130 millones de euros. Con ello, la ejecución real del año pasado supuso un recorte de 112 millones de euros sobre el año 2013.
En la Comunidad Autónoma que menos invierte en educación de todo el Estado desde hace años, estos 130 millones no ejecutados tuvo que asumirlos la educación pública, siendo perjudicada gravemente de forma deliberada y consciente. Por ello, la FAPA estima que existe un posible delito de prevaricación por parte de quienes tomaron la decisión de que ello fuese así, y les llevará a los tribunales.
Con esos 130 millones se podían haber revertido los recortes en profesorado que se han producido en los últimos años. Según las cifras que se manejan, se han eliminado unos 4.000 docentes en la escuela pública, y con el dinero no ejecutado se podría haber recuperado casi ese mismo número. Los datos sobre la liquidación de los presupuestos de 2014 demuestran que se dejaron sin gastar, por ejemplo, 11,8 millones para sueldos de maestros de Infantil, Primaria y Especial, 6 millones para Enseñanzas Especiales o 40,7 millones para Educación Compensatoria. Tampoco se ejecutaron otros 38 millones de euros destinados a la construcción de centros públicos, cuyas consecuencias sufren las zonas afectadas.
Mientras esto sucede en la escuela pública, se gastaron 57 millones de euros más de los presupuestados para la enseñanza privada concertada y, si tenemos en cuenta el aumento que se propone para el año 2016, el incremento desde el 2011 será de 126 millones de euros. Curioso que casi coincidan con los 130 de no ejecución en la pública.