Un genocidio retransmitido
Van pasando los meses y las cosas van a peor en Gaza, donde el Estado de Israel continúa su genocidio del pueblo palestino, retransmitido a las pantallas de todo el mundo, ante la vergonzosa inacción de la comunidad internacional (palabras y solo palabras, como mucho) e incluso con el apoyo manifiesto de algunos países. Para “justificarse”, Israel sigue reivindicando su “derecho a la defensa”, argumento que no puede sino chirriar a cualquier mente razonable: que el opresor reclame su derecho a defenderse del oprimido resulta, como poco, perverso.
El lunes 22 de enero, El País ponía cifras a esta acción “defensiva” con datos recopilados por Naciones Unidas en el proyecto académico Cost of War. Hasta esa fecha, los ataques israelíes ya habían provocado 25.105 muertos (cuando escribo esto, el 4 de febrero, ya son 27.365, cifras ambas que no incluyen los 8.000 cadáveres más que se estima que se encuentran enterrados bajo los escombros de los entre 144.000 y 175.000 edificios dañados o destruidos hasta el momento). Entre esas víctimas, cinco de cada diez son menores de edad, tres de cada diez son mujeres y solo dos de cada diez son hombres mayores de edad. O lo que es lo mismo: el 80% de las personas asesinadas por el Ejército israelí son mujeres y niños. Digámoslo alto y claro: Israel está reivindicando su “derecho” a matar a quien quiera, sobre todo mujeres y niños, impunemente. Y el hecho de que ninguna de nuestras maravillosas democracias occidentales haya roto aún sus relaciones comerciales y diplomáticas con semejante “socio” es una auténtica vergüenza.
La respuesta más contundente hasta la fecha ha venido de un país que ya vivió un régimen de apartheid como el que viven los palestinos, y no ha olvidado lo que ello supone. Me refiero a Sudáfrica, que ha presentado una acusación de genocidio contra Israel ante el Tribunal Internacional de Justicia. El tribunal ha aceptado la demanda el 26 de enero, y ha ordenado a Israel que adopte todas las medidas necesarias para impedir actos de genocidio contra la población palestina en Gaza, pero lamentablemente no ha exigido un alto el fuego. Claro, Israel hará caso omiso, pero la decisión del tribunal ha aumentado la presión internacional sobre ellos, y una exigencia de alto el fuego la habría aumentado más aún.
El genocida ha contraatacado con rapidez: el mismo día que el Tribunal Internacional de Justicia dictaba su auto, Israel acusaba a 12 trabajadores de la UNRWA (la agencia de la ONU para los refugiados palestinos, que les proporciona asistencia humanitaria y trata de hacerles la vida un poquito menos invivible) de estar implicados en los ataques de Hamás del 7 de octubre. La fuente es tan “fiable” como el Ejército israelí (que se lo habría sacado a miembros de Hamás en interrogatorios), y en cualquier caso estaríamos hablando de 12 trabajadores (y de presunción, no de certeza) de 13.000 que tiene la agencia en Gaza (y 30.000 en total), pero esto ha sido suficiente para que algunos países (primero EE UU, y luego Alemania, Australia, Canadá, Finlandia, Italia, Países Bajos, Reino Unido, Suiza…) hayan decidido suspender su ayuda. Como la UNRWA no tiene presupuesto propio y depende de las aportaciones voluntarias, esto pone seriamente en peligro la continuidad de sus actividades. Justo lo que siempre ha querido Israel, para cuya pretensión de hacer insostenible la vida a la población palestina la agencia de Naciones Unidas supone un grave escollo.
Qué horrible todo. Qué inaguantable impotencia. Qué asco y qué vergüenza, cada vez más… Y en el fondo, nada nuevo: el pueblo palestino, tras más de 75 años de ocupación, expulsión y aniquilación paulatinas, afronta ahora uno de sus momentos más terribles prácticamente abandonado por el mundo, como de costumbre.
Foto: Fars Media Corporation