ROBERTO BLANCO TOMÁS. Julio-agosto 2018.
En efecto, hace unos días hemos asistido al enésimo intento de ponerle puertas al campo abierto de internet. Intento fallido, afortunadamente. Y es que el pleno del Parlamento europeo ha rechazado, con 318 votos en contra, 278 a favor y 31 abstenciones, la propuesta de directiva sobre derechos de autor (conocida como “directiva del copyright”) que pretendía armonizar los derechos de propiedad intelectual en la Unión Europea. Tras este rechazo, el texto de la propuesta deberá ser retocado y someterse de nuevo a votación, probablemente entre el 10 y el 13 de septiembre.
El problema está en dos de los artículos que componen esta propuesta de directiva, concretamente el 11 y el 13. El artículo 11 habría supuesto en la práctica pagar cada vez que se publique un enlace web. Y el 13 pretendía que los proveedores de contenido tomasen las medidas necesarias para asegurar el cumplimiento de los derechos de autor en todo el material que se subiera a los mismos. De este modo, grandes empresas como Twitter, Facebook o Google tendrían capacidad de decidir y establecer qué es piratería y qué no.
Dejando a un lado el clásico debate sobre derechos de autor, con las distintas posturas al respecto de los autores más comerciales y los menos comerciales, además de la de los intermediarios y las entidades gestoras de derechos (que no son autores de nada pero quieren su parte y son los que más baza meten), y entendiendo que todo el mundo quiera cobrar por su trabajo pero también considerando que es necesario proteger el acceso universal a la cultura y las grandes posibilidades para ello y para la educación que nos ofrece internet, en este caso creo que el asunto es más serio. Y es más serio porque lo que estaba en juego (y lo sigue estando) en el trasfondo de la directiva rechazada (por el momento) es la censura de contenidos en internet. Poniendo además las herramientas en manos de grandes multinacionales, lo que no me negarán que da bastante grima (pero no nos engañemos: también la daría si se pusiera en manos de organismos estatales o supraestatales. La censura es censura, y da grima siempre). Y es que, si se hubiese aprobado el proyecto, por poner varios ejemplos, es bastante probable que ya no pudiéramos subir al YouTube una parodia muy divertida que hayamos hecho a partir de alguna película famosa; o ese meme tan gracioso con Julio Iglesias que nos disponíamos a enviar a nuestros contactos; o algún gif simpático y expresivo con el Chiquito de la Calzá o con Hannibal del Equipo A; o compartir aquel vídeo en el que salimos algunos amigos y amigas bailando una canción de forma totalmente arrítmica; o el otro en el que tu prima aparece cantando sorprendentemente bien ese temazo...
Como verán, todos los ejemplos que acabo de poner son bastante inocentes. Pero si sumamos a muchos de ellos una intención crítica (en las parodias, los memes, los gif...) y observamos que con la nueva directiva todo eso ya no se podría hacer, lo perverso de la misma cobra mucho más sentido: nuevamente se trata de impedir que la gente se pueda expresar libremente. Y no nos engañemos: de momento se ha parado, pero lo van a seguir intentando. Es un proceso antiquísimo, tanto como la propia historia universal: siempre que la gente encuentra espacios donde disfrutar la libertad (la plaza pública, la imprenta, las ondas, el ciberespacio...), las estructuras de poder intentan ocupar y controlar esos espacios. Mis conclusiones, las de siempre: que la libertad se defiende ejercitándola, y que es necesario mantenerse vigilantes, no confiarse y resistir.