ROBERTO BLANCO TOMÁS. Febrero 2018.
La actualidad nos sigue deparando casi a diario situaciones y declaraciones de auténtica vergüenza ajena, síntoma claro de que, como decía la canción, “hay algo aquí que va mal”. Por supuesto, me refiero a las “no declaraciones” de Mariano Rajoy sobre la brecha salarial entre hombres y mujeres (según datos de Eurostat, en nuestro país las mujeres cobran un 85,1% del salario de los hombres). Resulta que a Mariano le preguntaron en una entrevista en Onda Cero por este tema, y va el tipo y contesta: “Los gobernantes debemos ser muy cautos a la hora de saber cuáles son nuestras competencias y cuales no, y desde luego, no hay ninguna que sea igualar salarios”. El entrevistador lo sigue intentando: “¿Ni siquiera diciendo que si un hombre y una mujer hacen lo mismo, deberían cobrar lo mismo?”, pero Rajoy corta el rollo: “no nos metamos en eso. Demos pasos en la buena dirección, que normalmente es como se resuelven mejor los problemas”.
No sé qué entenderá este señor por “la buena dirección”, pero a muchos sí nos gustaría saber qué piensa el presidente del Gobierno sobre algo ilógico y tremendamente injusto que ocurre en nuestro país. Porque además en España sí existe legislación contra la brecha salarial. Sin ir más lejos, la Constitución Española, en su artículo 35, dice: “Todos los españoles tienen el deber de trabajar y el derecho al trabajo, a la libre elección de profesión u oficio, a la promoción a través del trabajo y a una remuneración suficiente para satisfacer sus necesidades y las de su familia, sin que en ningún caso pueda hacerse discriminación por razón de sexo”. También, en el Estatuto de los Trabajadores, artículo 28, podemos leer que: “El empresario está obligado a pagar por la prestación de un trabajo de igual valor la misma retribución, satisfecha directa o indirectamente, y cualquiera que sea la naturaleza de la misma, salarial o extrasalarial, sin que pueda producirse discriminación alguna por razón de sexo en ninguno de los elementos o condiciones de aquella”. Y por último, hay una ley específica en este asunto: la Ley Orgánica para la Igualdad Efectiva de Mujeres y Hombres, del 2007, que pretende promover la adopción de medidas concretas en favor de la igualdad en las empresas. ¿No ha leído Mariano la Constitución ni conoce las leyes del país que gobierna? ¿O es que no le importa en absoluto el tema?
Y en cuanto a las competencias del Gobierno, qué quieren que les diga… Yo sí creo que una de ellas es, habiendo legislación y viendo que no se cumple, tomar medidas para que eso cambie. Si no, ¿para qué demonios están ahí, aparte de para vivir estupendamente y garantizar que sus amiguitos también sigan viviendo así? Qué diferencia con el Gobierno islandés, que acaba de aprobar una ley que obliga a las empresas que tengan una plantilla de al menos 25 trabajadores a tener un certificado de “paridad salarial”, debiendo pagar una multa si no lo consiguen. Y ya está dando los primeros palos: Landsbankinn, el mayor banco islandés, participado por el Estado en un 98% desde su nacionalización tras la crisis de 2008 (otra gran lección que nos ha dado esta gente), tendrá que pagar el equivalente a unos 120.000 euros para ponerse en regla conforme a la nueva ley.
A ver si hay suerte, y algún día nos invade Islandia. Así a lo mejor conseguimos entrar por fin en el siglo XXI, porque con esta tropa lo veo complicado…