Amordazados, ‘por nuestra seguridad’

 

ROBERTO BLANCO

“Manifestaciones no comunicadas o prohibidas ante infraestructuras críticas”, entre 30.001 y 600.000€ de sanción. “La perturbación grave de la seguridad ciudadana en manifestaciones frente al Congreso, el Senado y asambleas autonómicas aunque no estuvieran reunidas”, entre 601 y 30.000€. Concentraciones para impedir la ejecución de desahucios, entre 601 y 30.000€. “No colaborar con las Fuerzas de Seguridad en la averiguación de delitos o en la prevención de acciones que puedan poner en riesgo la seguridad ciudadana”, entre 601 y 30.000€. “La celebración de manifestaciones sin comunicar a las autoridades, cuya responsabilidad corresponderá a los organizadores”, de 100 a 600€.

“Las faltas de respeto y consideración cuyo destinatario sea un miembro de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en el ejercicio de sus funciones de protección de la seguridad”, de 100 a 600€. “La ocupación de casas y la venta ambulante no autorizada”, de 100 a 600€. “La negligencia en la custodia y conservación de la documentación personal legalmente exigida, considerándose como tal la tercera y posteriores pérdidas o extravíos en el plazo de un año”, de 100 a 600€.

Todas estas cosas y bastantes más están en la Ley de Seguridad Ciudadana, más conocida como “Ley Mordaza”, que acaba de entrar en vigor. Según esta ley, no son delitos, sino “infracciones administrativas”. Como se puede ver, hay bastante espacio para la subjetividad, y la decisión de penalizar o no va a ser de un policía, que depende del Ministerio del Interior, y no de un juez, al que se le supone independencia. Pero si no son delitos, ¿por qué se castigan? ¿Protestar es una “infracción administrativa”? ¿Con qué derecho decide un señor de uniforme que protestar contra un desahucio supone varios miles de euros de multa? A la porra el derecho de defensa, la presunción de inocencia, el principio de seguridad jurídica…

No hay que ser una lumbrera para darse cuenta de que el objetivo de esta ley, más allá de la supuesta “seguridad”, es la represión de toda protesta. Si la leemos atentamente, veremos que está diseñada a la medida de todas y cada una de las nuevas —y no tan nuevas— formas de protesta. Stopdesahucios, escraches, okupaciones… Todas ellas tienen su lugar y su cuantía en la “Ley Mordaza”. Por supuesto, las multas se pueden recurrir, pero de momento te las cobran. Y muy poca gente está en condiciones de afrontar una multa, por ejemplo, de 30.000€. El resultado es que buena parte de las protestas van a desaparecer, por si salen demasiado caras.
Porque es una ley destinada a sembrar el miedo: miedo a protestar por si nos multan, miedo a fotografiar a la Policía por si luego se considera que el uso informativo de esa imagen les pone “en riesgo” y cae una sanción… Es una forma sibilina de vulnerar nuestros derechos y libertades: las “vulneraremos” nosotros mismos dejando de ejercerlas —la libertad de expresión, la libertad de información…— por miedo.

En fin, habría mucho más que decir, pero en prensa el espacio siempre es limitado. Zanjemos, pues: el poso que me queda es que, teniendo claro que el objetivo de esta ley es erradicar la protesta ciudadana, podemos suponer que cuando la promulgan es porque reconocen tácitamente que su forma de gobernar el país genera estas protestas de forma natural. Y si lo reconocen y no deponen su actitud, es porque tienen claro que gobiernan contra la ciudadanía y no para la ciudadanía. No es nada nuevo, pero verlo así escrito da escalofríos, ¿verdad?