ANA DE GÓNGORA.
Esta frase que se oye o se lee con frecuencia, para muchos es algo abstracto o utópico. Ocurre con ella como con el sentido común: todo el mundo lo cita pero, ¿cuántos lo aplican? Tal vez ocurre que cuando se menciona “común” lo consideramos ajeno a nuestra individualidad, a “lo propio”. Sin embargo, no debería ser así: somos parte de una comunidad, cuanto ocurre en ella nos afecta, y para que sea sana debería interesarnos y preocuparnos el bien común. Es decir, buscar y procurar lo mejor para todos.
Los cargos públicos y quienes aspiran a ellos deberían tener como premisa el bien común. Y los ciudadanos deberíamos exigírselo. Un cargo público es un servicio voluntario a su comunidad, a su sociedad. Así deberían entenderlo quienes se postulan a ello, y quienes quieran medrar que se dediquen al sector privado. No será tan fácil ni tan cómodo, pero si son emprendedores podrán enorgullecerse de sus logros y, de cualquier modo, habrán sido más honestos.
El bien común significa dar prioridad a las personas por encima de cualesquiera otros intereses. Hoy en día estamos viviendo exactamente lo contrario: estamos viendo cómo se destruyen vidas humanas, ciudades y hasta países por intereses espurios. La especulación y esos mismos intereses son los que producen lo que llaman “crisis” y no es más que el producto de la mala gestión de los dirigentes, que desprecian el bien común para beneficiarse en lo que únicamente les interesa: el poder, el lucro, vivir por encima de las posibilidades que tendrían con su propio esfuerzo.
Más tarde o más pronto se encontrarán con que la gallina de los huevos de oro no existe, y más vale que sea cuanto antes, pues cuanto más tarde, más hundida estará la sociedad y costará mucho más levantar lo que quede. Claro, que también depende de los ciudadanos que tomemos consciencia de la situación y no consintamos ni colaboremos para que continúe. Exijamos y elijamos a los políticos que se comprometan a trabajar por el bien común. Que quienes accedan a cargos de responsabilidad pública sean honestos y transparentes en sus gestiones y en el uso que se da al erario público y que muestren las cuentas claras de su patrimonio al acceder al cargo y al dejarlo. Quien no esté dispuesto a comprometerse con ello estará demostrando que sus intereses son otros y, por tanto, no será digno de ocupar tal cargo.