Cuidemos la salud y la calidad de vida de los vecinos de nuestro distrito
Madrid, Amberes y Turín, seguidas de París, Milán y Barcelona, son las áreas metropolitanas europeas con más muertes evitables por el exceso de contaminación provocada por el dióxido de nitrógeno (NO2), un gas tóxico asociado al tráfico rodado, según un estudio del Instituto de Salud Global de Barcelona (ISGlobal), el Swiss Tropical and Public Health Institute y la Universidad de Utrecht. Y la Comisión Europea amenaza con multas millonarias a nuestras ciudades si seguimos superando los niveles establecidos (40 microgramos por metro cúbico de NO2).
La Ley de Cambio Climático del Gobierno de 20/5/2021 obliga a los municipios de más de 50.000 habitantes a crear Zonas de Bajas Emisiones (ZBE) o “supermanzanas” antes de enero de 2023. Y el Ministerio de Transportes lanzó una primera línea de ayudas de 1.000 millones para los ayuntamientos que creen estas ZBE, utilizando los fondos que la UE destina para mejorar la calidad del aire. Y el 19/9/2021 el Ministerio para la Transición Ecológica junto con la Federación Española de Municipios presentaron una guía con las indicaciones para poner en marcha las ZBE.
Nuestro Ayuntamiento aprobó el 13/9/2021 la Ordenanza de Movilidad Sostenible para poder optar a las ayudas, donde se definen los siguientes objetivos de las ZBE, en su Artículo 22:
a) Reducir los niveles de contaminación ambiental y mejorar la calidad de vida de sus residentes.
b) Promover una movilidad más sostenible, favoreciendo el transporte público colectivo y los medios y vehículos menos contaminantes.
c) Disminuir la intensidad de tráfico, recuperando espacio público para el peatón.
Pero para conseguir estos objetivos, hasta la fecha y dentro de la estrategia de Madrid 360, el Ayuntamiento solo ha peatonalizado un número ridículo de calles dispersas en los 21 distritos de la ciudad, que solo suponen 9.844 metros de extensión. En nuestro distrito ya se han ejecutado los metros que nos han tocado en el reparto en las calles Recoletos y Cid, lo que representa una peatonalización de 218 metros, con lo que solo seis distritos tienen menos metros peatonalizados que nosotros, y que del total para la ciudad al Distrito Salamanca nos ha correspondido un penoso 2,21%. Y por comparar, al Distrito Centro, que también es competencia de nuestro concejal, le ha correspondido el 14,7%. Estas peatonalizaciones son falsas ZBE, que no cumplen con la definición de la normativa del propio Ayuntamiento y de la Ley de Cambio Climático, donde se dice lo siguiente: “Se entiende por ZBE el ámbito territorial conformado por el conjunto de vías públicas, debidamente delimitadas, que presenten continuidad geográfica”
La única medida que sí supondría una verdadera ZBE sería el anuncio que hizo en 2020 el alcalde de aplicar esta medida urbanística por primera vez en Los Berrocales, un nuevo barrio en construcción en el extrarradio sureste de la capital, por donde solo circularán los vehículos de los residentes al ser un barrio dormitorio, con lo que no ayudará a solucionar el problema de la contaminación de la ciudad. Y la experiencia piloto de supermanzana prevista por el Ayuntamiento de Madrid no se desarrollará en el barrio de Salamanca, como prometió al ganar las elecciones el alcalde, justificando que los comerciantes del barrio se negarían a aceptarla, excusa engañosa porque todas las medidas de restricción del tráfico han demostrado que benefician a los comercios de Madrid Central y de las calles peatonalizadas.
Queda claro por lo expuesto que la obligatoriedad de poner en marcha las ZBE antes del final de 2022 por nuestro Ayuntamiento no se ha cumplido ni se cumplirá, al no crear nuevas ZBE como la de la corporación anterior en Madrid Central o Madrid 360, más aún cuando el alcalde ha permitido recientemente la entrada en esta zona a 15.000 vehículos privados más.
Gracias a esta inacción del Ayuntamiento de Madrid, que desde hace más de tres años debería haber aprobado Zonas de Bajas Emisiones, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha condenado a España en el pasado mes de diciembre por su reiterada mala gestión de la calidad del aire desde 2010 hasta el 2018, superando reiteradamente los límites de contaminación. De momento la condena no acarrea sanciones, pero sí lo harían sucesivos incumplimientos.
Y también resulta penoso que el Ayuntamiento no podrá disfrutar de la primera línea de ayudas de 1.000 millones, que diversas ciudades como Valencia, San Sebastián, Granada, Tenerife, Alicante, etc., ya han solicitado. Y mucho nos tememos que ni siquiera ha pensado en solicitar estas ayudas, porque su modelo de ciudad es el de priorizar la movilidad del tráfico sobre la salud y el bienestar de los ciudadanos.
Para ayudar a nuestro alcalde y concejal a ver el problema en su totalidad, existen también datos económicos que justifican que en nuestra ciudad debemos cuidar la calidad del aire que respiramos, porque la polución ambiental conlleva gastos hospitalarios debido a las enfermedades cardiovasculares (mayor causa de mortalidad) y respiratorias que se demuestran con las hospitalizaciones en la Comunidad de Madrid del período comprendido entre 2013 y 2018, donde solo los 8.246 de media de ingresos en Urgencias, según la revista científica Environmental Research y el Instituto de Salud Carlos III, suponen 120 millones de euros anuales. A lo que hay que añadir los 82 millones de euros que cuestan los 5.685 ingresos hospitalarios atribuibles a la contaminación acústica.