FACUA rechaza que se exima del IRPF a los caseros que no especulen

FACUA - Consumidores en Acción se muestra en contra de la exención del pago del IRPF anunciada por Pedro Sánchez para los caseros que no especulen con sus precios ajustándose al índice de referencia aunque no exista imposición legal para ello. La asociación advierte de que quien se beneficia económicamente del alquiler de un inmueble debe siempre tributar por ello, ya sea como rendimiento del capital inmobiliario o de actividad económica. Así, FACUA señala que las exenciones favorecen el rentismo y refuerzan la idea de la vivienda como una inversión.

Sí considera positivo el anuncio del presidente del Gobierno de que la vivienda pública impulsada por la Administración General del Estado nunca pueda descalificarse para evitar que quienes se beneficien de una concesión puedan acabar especulando con ella. Igualmente, FACUA valora que todas las viviendas en manos de la Sareb —el conocido como “banco malo”— pasen a manos de la nueva empresa pública de vivienda y se destinen a alquileres a precios sociales. No obstante, considera que se trata de un número de inmuebles claramente insuficiente y que la medida debe ir acompañada de la expropiación del uso de las viviendas vacías en manos de grandes tenedores, de manera que el Estado les imponga que las destinen al alquiler a un precio fijado por la Administración.

La asociación trasladó el pasado octubre al presidente una serie de reivindicaciones en materia de vivienda entre las que destacaba la “expropiación del uso de las viviendas propiedad de grandes tenedores que lleven más de un año vacías para que sean destinadas al alquiler social”.

Entre sus peticiones, FACUA demanda la fijación de un marco de indemnizaciones que los arrendadores que cometan prácticas abusivas tendrían que abonar a los inquilinos que las denuncien y prohibición de incrementar sus precios por encima del IPC cuando cambien de inquilino o hagan firmar a éste un contrato nuevo. También reclama la asociación el reconocimiento del inquilino como consumidor, de manera que los abusos cometidos por los caseros sean considerados infracciones en materia de consumo, con lo que podrían ser multadas por las autoridades autonómicas de consumo, y establecimiento de mecanismos extrajudiciales de resolución de conflictos.


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