FACUA MADRID. Marzo 2019.
FACUA Madrid ha requerido al Consorcio Regional de Transportes una auditoría para conocer los niveles de ocupación de la red de Metro de Madrid, especialmente en las horas punta, y proceder inmediatamente a sancionar a la empresa si se constatan la sobreocupación e incumplimientos de horarios que reflejan las memorias anuales de la empresa.
La asociación viene observando en los últimos meses un repunte en las quejas de los usuarios por la superación del aforo en los vagones. Se han llegado a plantear situaciones de verdadero hacinamiento de los viajeros, especialmente en hora punta. FACUA Madrid considera indignante que las propias mediciones de Metro de 2017 para sus controles de calidad registran una superación de los umbrales máximos permitidos de viajeros entre un 50 y un 75% sin que sirva para tomar medidas de inmediato, a pesar de que la sobreocupación supone una evidente disminución del confort y la calidad del servicio, hasta el punto que en numerosas ocasiones los trenes disponibles son incapaces de absorber la totalidad de la demanda de usuarios en hora punta, según han reflejado diferentes medios de comunicación.
La asociación ve alarmante esta situación por el peligro para la seguridad de viajeros que ello supone, desde la imposibilidad de que los viajeros puedan asirse a algún elemento de sujeción hasta la extrema dificultad para atender una incidencia relativamente habitual como es la asistencia médica a un viajero.
FACUA Madrid critica la pasividad de la empresa y la ausencia de medidas ante esta situación, dado que la empresa conoce perfectamente que desde 2013 se está produciendo un incremento constante de los viajeros. La asociación recuerda que la sobreocupación de los vagones no es un hecho fortuito ni mucho menos imprevisible. El incremento de demanda en los últimos seis años no se ha traducido en un aumento de la oferta, a pesar de que ese incremento de la demanda también implica un mayor volumen de ingresos de la empresa. La asociación considera que, en este sentido, tanto la empresa como el Consorcio, organismo del que depende, han consentido dolosamente el deterioro de un servicio público fundamental para la población madrileña.