Consumo anuncia una norma para poner fin al fraude de los 902
El Ministerio de Consumo ha anunciado una reforma de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios (LGDCU) para que quede expresamente prohibido el uso de líneas 902 y 901 para servicios de atención al cliente. La medida responde a una de las primeras reivindicaciones trasladadas por FACUA al ministro Alberto Garzón.
FACUA muestra su satisfacción ante el anuncio del Ministerio y lamenta la pasividad en la que vienen incurriendo las autoridades de consumo autonómicas ante este fraude, pese a que una sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) dejó claro en marzo de 2017 que las líneas de tarificación especial para la atención al cliente vulneran la normativa europea de protección a los consumidores. La asociación ha denunciado en los últimos años a más de un centenar de empresas por el uso ilícito de las carísimas líneas 902, 901 y las de tarificación adicional (los prefijos 803, 805 y 806).
Según el artículo 21.2 del texto refundido de la LGDCU, los teléfonos de atención al cliente no pueden suponer “un coste superior al de la tarifa básica”. Pero el Ministerio de Consumo se ha encontrado con discrepancias en la interpretación de esta ley y de la sentencia del TJUE por parte de distintas Administraciones de consumo autonómicas, y ello pese a que el alto tribunal europeo indicó que el concepto de “tarifa básica” implica que la llamada a un teléfono de atención al cliente “no puede exceder del coste de una llamada a una línea telefónica fija geográfica o un móvil estándar”. Ante esta situación, Consumo ha decidido modificar la norma para que indique expresamente la prohibición del uso de líneas de tarificación especial o adicional.
FACUA advierte de que el negocio de las líneas 902 es doblemente fraudulento. No solo representan grandes ingresos para las compañías de telecomunicaciones, sino también para multitud de empresas que ganan dinero con cada llamada que reciben. Por eso se resisten a sustituirlo por numeraciones que no representen un sobrecoste.