La nueva Marea Blanca: balance y perspectivas
MADRID, EN DEFENSA DE LA SANIDAD PÚBLICA
“La economía es una construcción humana. Las leyes económicas no son como la ley de la gravedad. Pueden ser transformadas. Pero para ello la gente ha de cambiar su conducta”. CASSE (Center for the Advancement of the Steady-State Economy). Citado por Jorge Riechmann en su libro Autoconstrucción.
En tres meses, en la Comunidad de Madrid, hemos asistido, probablemente, a dos de las más grandes manifestaciones en defensa de la sanidad pública. El propósito de este artículo es analizar las causas del gran descontento social, las claves de dicha protesta comparadas con la Marea Blanca de 2012-2013 y las propuestas del sindicalismo social en estos nuevos tiempos.
La segunda Marea Blanca
El 13 de noviembre de 2022 y el 12 de febrero de 2023 vivimos multitudinarias manifestaciones en Madrid. Desde todos los puntos de la ciudad, desfilaron cientos de miles de personas hasta llegar al centro. Había de todo. Personas mayores, jóvenes, familias enteras, columnas sanitarias con batas blancas, etc. También se percibía una mezcla de grupos sociales: clase trabajadora, clases medias, profesionales, estudiantes, jubilados... A decir verdad había representación de distintas ideologías, desde la izquierda, el anarquismo, hasta muchas personas moderadas que decían haber votado al PP o Ciudadanos. Sin embargo, se hizo notar, en ambas manifestaciones o en las concentraciones barriales en las puertas de los centros de salud, la escasa representación de personas migrantes que, en la Comunidad, representan una cifra superior al 15 por ciento (bastante más en los barrios periféricos) según los datos de 2021.
La nueva Marea Blanca se originó a comienzos del año 2021. Madrid cuenta con 430 centros de salud y 37 SUAP (Servicios de Urgencias de Atención Primaria). Los SUAP fueron cerrados por orden del gobierno del PP con el fin de mandar a las enfermeras al Zendal o al Wizink Center a vacunar a la población o cubrir al “Hospital fantasma” como llamamos al Zendal. Tras los confinamientos a causa de la pandemia, han ido “desapareciendo” servicios de atención primaria y no se han abierto los SUAP; la escasez de médicas y médicos o pediatras es alarmante, hasta el punto que numerosos centros ya no tienen servicio por las tardes. La intención del gobierno de Ayuso es debilitar la atención primaria tal como fue concebida en 1986 con la aprobación de la Ley General de Sanidad. Según adelantó Ruiz Escudero (Consejero de Sanidad), quieren convertir la atención primaria en un servicio de videollamadas y atendido exclusivamente por enfermeras ¡Sin médicas de familia ni pediatras! Algo así como un restaurante sin cocineros. Se trata de un hecho gravísimo pues la Primaria es la primera línea de atención al paciente, de prevención y cuidado de enfermedades crónicas; más aún, es la esencia de un sistema sanitario humano y sostenible ¿Pero qué le vamos a pedir a un gobierno que ha dejado morir a miles de ancianos en las Residencias públicas, sin el consuelo de sus familias, sin respiradores o cuidados paliativos?
Los sectores más afectados son las clases trabajadoras que no pueden pagar seguros médicos. Por eso las primeras protestas tomaron cuerpo en los barrios obreros de Madrid como Carabanchel, Latina, Villaverde, Tetuán, Arganzuela, Usera, Ciudad Lineal, Vallecas… y algunos pueblos como Fuenlabrada, Getafe, el corredor del Henares, Leganés, Pinto, Móstoles. Las y los vecinos empezaron a concentrarse en las puertas de sus centros de salud ante la falta de médicas y médicos de familia o pediatras. A estas acciones siguieron otras como los encierros, las huelgas y las manifestaciones que culminaron con las grandes manifestaciones del 13N y 12F. Multitudinarias movilizaciones donde los grandes protagonistas fueron la población en su conjunto.
Bien es cierto que había centenares de batas blancas, pero a diferencia de la Marea Blanca de 2012 -2013, donde la mayoría eran los trabajadores sanitarios, esta movilización ha sido de la ciudadanía apoyando las reivindicaciones de las médicas y médicos, y por una sanidad pública, universal y de calidad. Los profesionales del sector se pusieron en huelga indefinida después de muchos meses de concentraciones barriales. Creo que esta diferencia tiene una explicación. La Marea Blanca de 2012-2013 surge por las medidas de austeridad, los recortes sociales y las grandes privatizaciones, es hija de la larga onda del 15M. Mientras que la segunda Marea Blanca es la consecuencia de varios meses de pandemia y desmantelamiento de la atención primaria. La primera fue una gran explosión, la segunda es el fruto de un trabajo paciente de cientos de activistas sociales.
La sanidad pública se desangra
El sistema sanitario público español está herido de muerte. En la Comunidad de Madrid llevamos sufriendo veinte años de recortes y privatizaciones. Cada una de las crisis que hemos vivido a nivel mundial se han saldado con nuevos recortes y planes más audaces -por parte del PP y el sector privado- de transformar el servicio público de la salud en un negocio. El capitalismo está arrasando e impregnando la lógica del beneficio en lugar del bien común. La mercantilización es un proceso histórico y mundial que, en su forma neoliberal, parece imparable. Solamente grandes movilizaciones, luchas y la presión sobre las organizaciones, partidos y gobiernos podrá evitarlo. Hace falta un impulso unitario que nazca de la sociedad y obligue a los Estados a invertir más dinero en los sistemas de salud, para adecuarlos a las necesidades actuales (envejecimiento de la población) como a las contingencias (pandemia) y necesidades futuras (cambio climático, revolución tecnológica, investigaciones para luchar contra el cáncer y otras enfermedades…).
La pandemia del coronavirus nos ha ofrecido todas sus caras. Mientras la comunidad científica es capaz de sacar unas vacunas en un tiempo récord, millones de seres humanos murieron en condiciones miserables, y las grandes empresas de la industria farmacéutica, los laboratorios y los fondos de inversión especulaban con las vacunas. Y es que las patentes son como diamantes en estos tiempos de crisis. Una garantía para decidir sobre nuestras vidas y obtener ingentes beneficios como Pfizer, Moderna, Astrazeneca o Johnson & Johnson. La poderosa industria farmacéutica es un tinglado compuesto por fondos de inversión y empresas que controlan la industria farmacéutica en términos de oligopolio.
Por eso, cuando decimos que la sanidad pública se desangra, no nos referimos solo al gobierno de Ayuso y el PP; ni a sus prácticas corruptas o a su absoluta indiferencia al sufrimiento de la población, tenemos que ir más al fondo; pues si bien es cierto que con el PP los problemas aumentan, no lo es menos que en otras comunidades, donde gobiernan otros, también se viven problemas similares. La tendencia de la izquierda a poner el foco solamente en Ayuso o el PP, refleja una incomprensión del proceso de desmantelamiento de lo público que va paralelo al proceso de acumulación capitalista. Por otra parte, exime de iguales responsabilidades a los gobiernos que no son del PP, pero no han cortado de raíz la mercantilización capitalista en el sector de la salud y, en algunos casos, han incurrido en las mismas prácticas corruptas. Se trata de rechazar la lógica del capitalismo neoliberal. Por ejemplo, cuando se dice (y no lo dice sólo el PP) que hay que apoyar la colaboración público-privada, se está apoyando la inversión de capital en los servicios públicos sanitarios ¡No hay una sola comunidad autónoma en España que rechace esta fórmula! A través de ella la Comunidad de Madrid dedica un 23,2% de su presupuesto a colaborar con las Fundaciones privadas y un 52,8% para pagar a la industria farmacéutica. Por la puerta de atrás, durante veinte años, se ha vendido como “colaboración” lo que en realidad es una entrega o transferencia de recursos públicos a empresas como Quirón Salud (Fresenius), Ribera Salud o las grandes constructoras que son dueñas de todos los servicios no sanitarios como la cocina, la limpieza, la lavandería, etc. Por ese motivo es necesario luchar por una sanidad 100x100 pública sin los parasitarios negocios privados.
La inversión de capital en la sanidad pública es un chollo. El Estado les garantiza que la apuesta es mucho más que segura. A la Fundación Jiménez Diaz (Quirón Salud y Fresenius), les regala una cartera de clientes (pacientes) de 450.000 personas que se los quita a los hospitales públicos. Por cada una de estas personas, Quirón Salud cobra una cuota de servicios y además recibe dineros extras por las derivaciones que les mandan (pruebas diagnósticas, intervenciones quirúrgicas, ingresos, etc.), y por la explotación de otros recursos como cafeterías, seguridad, limpieza, laboratorios, etc. Es el modelo PPP (Public Private Partnership). Aunque hay otros más, como el modelo PFI de los siete hospitales que Ignacio González intentó privatizar en noviembre de 2012. En resumidas cuentas, un modelo de capitalismo sanitario que se contrapone con la concepción de servicio público. El dinero recaudado en los impuestos se transfiere indirectamente a las empresas y éstas obtienen jugosas ganancias. Según Redacción Médica, de las 100 empresas más importantes de este país, nada menos que 18 son sanitarias. Basta mirar la página de la Fundación IDIS (el holding que agrupa la sanidad privada) para saber lo satisfechos y contentos que están. Entre la sanidad pública y la privada hay vasos comunicantes. Si a la pública le va mal a la privada le irá mejor. Si las citas para que nos vea la médica de familia son diez o quince días, la gente se hace un seguro médico con Adeslas, Sanitas, Asisa o Mapfre. Un total de 8,5 millones de personas en España tienen ya seguro médico y en la Comunidad de Madrid son el 30%. Mientras tanto, la inversión por habitante sigue siendo la más baja en toda España a pesar de tener la mayor renta per cápita. Cuestión de prioridad: salud o capital.
El sindicalismo social: balance y perspectivas
Entiendo por sindicalismo social (en la sanidad) las actividades que hemos venido desarrollando, en los últimos quince años, entre otras organizaciones, el MATS (Movimiento Asambleario de Trabajadoras y Trabajadores de la Sanidad). Nuestras prácticas sindicales no se limitan al centro de trabajo, sino que se extienden a los barrios y al conjunto de la ciudadanía. Esta estrategia no diluye el carácter de clase del sindicalismo sino que refuerza la base social. Más aún cuando de lo que se trata es no solo de defender derechos laborales, sino también las condiciones de vida y salud del conjunto de la población. En un sentido, esta práctica no es nueva. Las primeras sociedades anarquistas o la CNT desarrollaron un excepcional trabajo social y cultural.
Así es como hemos estado participando para que la población no sanitaria se fuera autoorganizando en los barrios, de la misma manera que en nuestros centros sanitarios hemos convocado la huelga junto a otras fuerzas sindicales. La autoorganización es la base de nuestro trabajo. Entendemos que la mejor manera de luchar es cuando las propias personas, ya sean trabajadoras o no, toman en sus propias manos y democráticamente su futuro. Eso expresa no sólo un grado de conciencia social, sino de implicación en la lucha que no existe cuando las organizaciones “por arriba” deciden las cosas sin contar con el conjunto de los trabajadores. Una de las barreras que hay que tirar es la estrategia de movilización en función de afinidades ideológicas. Cuando se movilizan en Madrid cientos de miles de personas no todas son de izquierdas, muchas de ellas habrán votado a Isabel Díaz Ayuso. Ganarlas a la causa común es una actitud inteligente y necesaria.
Otra de las barreras es la que, de momento, está dificultando la participación de la población migrante en las movilizaciones de la sanidad. Puede haber diferentes motivos. Uno puede ser la incomprensión de lo que está en juego; otro, que se trate de una población joven que todavía no es usuaria regular del sistema público de salud; o también, que en los países de origen los sistemas de salud son mayoritariamente privados. En cualquier caso, es necesario explicar que en el Estado español es una conquista relativamente reciente y por lo tanto más susceptible de perder.
En el mes de marzo se ha convocado una consulta popular por la sanidad. Es la iniciativa central antes de las elecciones de mayo. En 2013 logramos una participación presencial de 950.000 personas. Hoy el reto es superar estos números integrando el voto telemático y una presencia de urnas en las calles. Para ello se necesitará la participación de miles de voluntarias y voluntarios. De momento se ha puesto en marcha el mecanismo de la consulta y la respuesta de las organizaciones políticas de la izquierda está siendo bastante positiva. No nos vamos a engañar, el PP intentará que la consulta no se haga o, si no puede impedirlo, tratará de desprestigiarla como ahora hace con los médicos en huelga. El resultado de la consulta es más que simbólico pues, si bien es cierto que no tendrá un efecto legal, no es menos cierto que una votación masiva a favor de la sanidad pública puede tener un gran impacto de cara a las elecciones en mayo.
Isabel Diaz Ayuso y el PP están atrincherados. Sordos y ciegos (pero no mudos) ante la protesta de la calle. El PP de Madrid lleva gobernando desde 1995. Es necesario sacarlos de una vez por todas. La lucha en sanidad será uno de los factores desequilibrantes entre la posibilidad de una mayoría de izquierdas o de derechas. Más Madrid, PSOE y UP deberían llegar a un acuerdo preelectoral para derrotar a PP y VOX. Un acuerdo donde cada uno pueda presentarse con sus propias siglas pero con unos puntos en común en defensa de la sanidad pública. Que contemple, al menos, la plataforma reivindicativa de los profesionales de atención primaria, y que defiendan un modelo público donde se intente revertir las privatizaciones que se han llevado a cabo desde que el PP entró en el gobierno. Estas serían algunas de las propuestas a corto y medio plazo.
Capitalismo sanitario o sanidad pública
El modelo actual nacido de la Ley General de Sanidad de 1986 tiene aspectos muy positivos, pero también grandes lagunas sobre las que se colaron las privatizaciones. Durante veinte años han chocado dos fuerzas antagónicas. Por un lado, los intereses de políticos y empresarios y, por el otro, una gran parte de la sociedad y trabajadores de la salud movilizados.
Frente al modelo del capitalismo sanitario basado en la acumulación de capital y el beneficio empresarial; defendemos un modelo donde el centro de gravedad reside en el bienestar, la salud de la población y en el desarrollo de la ciencia y la tecnología con fines meramente humanos y respetuosos con el medio ambiente. El capitalismo sanitario quiere hacer de la ciencia médica un mercado de patentes privadas como bien se demostró con el coronavirus, el ébola, los tratamientos de la hepatitis C o el sida. La Inteligencia Artificial está ya más que preparada para asaltar los quirófanos y convertir los robots en cirujanos. La lucha contra el cáncer puede avanzar a un ritmo tal que, en 2030, el 70% de todos ellos podrán ser tratados y la persona vivirá años. Todos estos avances pueden ser muy beneficiosos para la humanidad, pero no lo serán plenamente si no hay una socialización de esos medios y una democratización plena de la gestión de los fondos públicos.
La lucha contra el poder inmenso de estas grandes empresas y oligopolios no es un discurso retórico, muy por el contrario, se sitúa en el centro de las prioridades. La comunidad científica internacional y los movimientos ecologistas nos están advirtiendo que hemos entrado en escenarios altamente arriesgados. Todos los registros sobre el cambio climático están rompiéndose negativamente. La temperatura en el planeta podría subir, mucho antes de lo previsto, a 1,5 grados (si no más) en los próximos años. La Organización Mundial de la Salud alerta del aumento de las enfermedades respiratorias o del surgimiento de nuevas o viejas patologías. Los coronavirus nos aguardan en sus reservorios mientras la espiral del beneficio siga desafiando los límites de la naturaleza. Todas las eventualidades deben ser contempladas.
Todo esto no nos desanima. Al contrario, debemos salvar la sanidad pública porque ha sido, es y será una de las grandes trincheras contra la degradación de la vida. La sanidad universal y pública (financiada por los impuestos de la ciudadanía) es uno de los mayores síntomas de igualdad social frente a la regresión que vivimos. No es solo por nuestros ancianos, lo es también por nuestros hijos. Para hacer efectiva esa igualdad, ahora mismo, son imprescindibles dos cosas. La primera es aumentar las inversiones en los sistemas de salud, lograr como un objetivo inmediato que el 25% que se dedica a los presupuestos sanitarios sea para atención primaria. Si no hay inversión, no habrá ninguna solución estructural a los graves problemas que nos enfrentamos. La segunda cuestión es que la gestión de los recursos sanitarios sea, además de decente y transparente, dirigida a reforzar un sistema 100x100 público. La colaboración público-privada es una estafa dirigida a engordar el capitalismo sanitario.
Hacemos estas precisiones confiando en la gente que lleva luchando desde la pandemia. El lobby privado es una descomunal máquina de destruir vidas. La lucha cura y reconstruye