FAPA Giner de los Ríos denuncia la imposición de las pruebas externas

 

REDACCIÓN

La Federación de Padres y Madres de Alumnos Francisco Giner de los Ríos, tras los que ha definido como “inaceptables sucesos vividos en los centros educativos madrileños con motivo de la imposición de la realización de las pruebas externas en tercero y sexto de Educación Primaria a determinado alumnado que no la había realizado en la fecha prevista por diferentes razones”, convocó una asamblea urgente el pasado 14 de junio en su sede con representantes de APAS federadas para analizar dichos sucesos y valorar las posibles actuaciones a desarrollar.

La indignación de las personas asistentes fue factor común en todas las intervenciones, “lógico reflejo de la que han sufrido las familias del alumnado afectado y, en general, las comunidades educativas de los centros directamente perjudicados y que, según datos no oficiales, ya que la Consejería de Educación se caracteriza por el ocultamiento deliberado de cualquier dato que no satisfaga sus deseos, habría afectado a unos 80 centros de Educación Primaria en la Comunidad de Madrid, lo que supone que el rechazo a dichas pruebas fue muy importante y debería hacer reflexionar a los próximos gobernantes”, declaraba la FAPA en un comunicado emitido al día siguiente de la asamblea.

En este sentido, la FAPA exigía la dimisión inmediata del consejero de Educación, Juventud y Deporte, Manuel Pérez Gómez, y de la directora general de Educación Infantil y Primaria, Mercedes Ruiz Paz, ambos entonces en funciones y “responsables directos de lo sucedido”. Según la FAPA, “la directora general mencionada dio instrucciones verbales a la Inspección educativa para que procediera exactamente como lo hizo, y el consejero de Educación, además de ser el máximo responsable de lo que ocurra en la Consejería, es el responsable directo de la Inspección educativa, dado que el cargo que ocupaba con anterioridad, el de viceconsejero de Organización Educativa, no está cubierto desde que fue promocionado a consejero”, motivo por el cual dependía directamente de sus directrices.

Además, la FAPA anunciaba que se disponía a iniciar actuaciones legales contra los responsables de dichas actuaciones, “en especial por el hecho de que muchos menores de edad, alumnado que se vio sometido de forma repentina a la realización de una prueba para la que no estaba avisado, vivieron situaciones de acoso por la violencia institucional ejercida que deben ser llevadas a los tribunales para que estos sean los que decidan sobre las medidas que se deban adoptar”. Asimismo, la federación anunciaba la puesta en marcha de “actuaciones para exigir la invalidación de dichas pruebas y la depuración de las responsabilidades a que haya lugar. Y, por otra parte, exige al nuevo Gobierno autonómico que haga una limpieza total de los actuales responsables políticos de la Consejería de Educación, porque sería indignante que siguieran en sus cargos un segundo más”.