‘Energía por derecho’, campaña contra la subida de los precios de la luz y el gas



FRAVM. Enero 2018.

Impulsada por la Confederación Estatal de Asociaciones Vecinales, en la que participa la FRAVM

La Confederación Estatal de Asociaciones Vecinales (CEAV), en la que participa la FRAVM, rechaza la nueva subida de los precios de los suministros energéticos, algo “alarmante para las miles de familias que se ven sometidas a la especulación y al chantaje por parte de las compañías eléctricas”. Para la entidad, que agrupa a más de 2.500 asociaciones vecinales de todo el Estado español, “no se puede seguir mirando hacia otro lado en este asunto de interés general y al que parece que nadie quiere buscar soluciones”. Por ello, iniciará una campaña de protesta bajo el lema “Energía por derecho”.

La confederación vecinal sale de esta manera al paso de los recientes anuncios de subida de las facturas de luz y gas para los hogares, y que a juicio del Ministerio de Energía pueden sufrir nuevos incrementos durante todo el período invernal. Subidas que el movimiento vecinal rechaza “de manera tajante”, y pide “una actuación rápida para evitar situaciones como las vividas en años anteriores en miles de hogares” que tienen serias dificultades para llegar a fin de mes. Recordemos que el invierno pasado el Gobierno recibió miles y miles de denuncias de personas en todo el Estado relativas a los abusos de las eléctricas, algo que la CEAV no va a permitir este año.

Así, la organización inició en la última semana de 2017 una serie de contactos con organizaciones sindicales, de consumidores y sociales en diversos territorios para impulsar la campaña “Energía por derecho”, una iniciativa tiene el objetivo de informar, denunciar y buscar alternativas “al actual estado de indefensión que tienen los y las vecinas ante las grandes multinacionales del sector eléctrico en el Estado español”, indica la confederación en un comunicado.

IVA reducido

Para hacer frente a un modelo que siempre repercute en los bolsillos de las familias, la CEAV vuelve a proponer la creación de un organismo público de control, gestión y ordenación del mercado energético, así como la aplicación del IVA reducido a la factura eléctrica, una histórica demanda de las asociaciones vecinales que recientemente ha planteado el Defensor del Pueblo. Además, las asociaciones vecinales “creen necesario plantear la implementación de tarifas de carácter progresivo por tramos de consumo”.

Por otro lado, la confederación vecinal se muestra escéptica ante el impacto real de la nueva legislación sobre el bono social “eléctrico”, y adelanta que “va a seguir dejando fuera la mayoría de las situaciones de pobreza energética que se están dando en nuestras ciudades y pueblos”.

“La energía es y debe ser un bien público, de primera necesidad y que debe ser tratado como un suministro de interés general y común acceso”, recuerda Juan Antonio Caballero, presidente de la CEAV.

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