La Federación de Asociaciones de Personas con Discapacidad Física y Orgánica de la Comunidad de Madrid (FAMMA-Cocemfe Madrid) y la Federación Regional de Asociaciones Vecinales de Madrid (FRAVM) se reunieron el 25 de enero con la portavoz del grupo parlamentario del Partido Popular en la comisión de Políticas Integrales de Discapacidad con el fin de buscar una solución a la situación en la que se encuentran muchas comunidades de vecinos, al no disponer de financiación —o no, al menos, de la que se había prometido en su momento— para la instalación de ascensores.
En 2012, una modificación normativa supuso que se dejaran de reconocer este tipo de ayudas, y además de acumularse retrasos en el abono de las ya preconcedidas a distintas comunidades de propietarios, se redujeron las cuantías prometidas por la Administración desde los 50.000€ a apenas 15.000€. Ello hizo que muchas comunidades vecinales de la región presenten un elevado endeudamiento a día de hoy.
Por ello, FAMMA y la FRAVM, unidas, solicitan ahora algo que las asociaciones vecinales llevan meses reclamando: que se modifique el artículo 20 de la Ley 4/2012. En dicho artículo se recoge que a partir de la entrada en vigor de la ley “no podrán reconocerse ayudas económicas al amparo de lo establecido en los Decretos 11/2001 y 12/2005, a excepción de lo previsto para las vigentes áreas de rehabilitación declaradas con arreglo a planes estatales, y cuya financiación haya sido aprobada mediante acuerdos de comisión bilateral”. También establece que “el importe de las subvenciones para la instalación de ascensor que se reconozcan a partir de la entrada en vigor de la presente ley no superará el 25% del coste real de su instalación con el límite de 15.000€ por ascensor”. Ambas organizaciones lamentan dicha circunstancia, dado que fomenta la exclusión y el aislamiento social de miles de personas con discapacidad y/o movilidad reducida y les impide llevar a cabo una vida normalizada y en condiciones de igualdad y dignidad. Estas ayudas fueron eliminadas por sorpresa en el año 2012. Por ello, FAMMA y la FRAVM piden que, mediante una Proposición No de Ley se modifique la citada normativa para propiciar que se pueda cobrar lo publicitado.