La Atención Primaria madrileña, dos años después

Los primeros días de la pandemia en Madrid, cuando en Atención Primaria (AP) nuestras plantillas se redujeron de forma importante (para cubrir de personal el IFEMA y por nuestros compañeros enfermos), cuando cerraron injustificadamente los Servicios de Urgencia de Atención Primaria, cuando los ancianos de las residencias morían abandonados sin asistencia de forma inhumana y cuando en los hospitales se habilitaba cualquier espacio para poner camas de UCI, entonces se me cruzó un pensamiento: puede ser la excusa perfecta para acelerar el deterioro del sistema sanitario público en Madrid, intensificar esto que el PP lleva haciendo tantos años…

Descarté la posibilidad de que, en medio de tanto dolor y sufrimiento, hubiera seres tan desalmados, capaces de anteponer sus negocios y su hoja de ruta a la salud de la ciudadanía. Lo descarté para poder seguir trabajando sin escatimar esfuerzo. Necesité desechar esa probabilidad porque si la admitía tendría que sentirme parte de una sociedad despiadada y sin valores, brutal y sanguinaria.

Ya han pasado más de dos años del principio de esta pesadilla y es evidente el acoso y derribo de la AP. No hay duda sobre el interés del hundimiento de nuestros centros de salud y se ha confirmado la bajeza moral y la falta de escrúpulos de los responsables del declive: Fernández Lasquetty, Ruiz Escudero y Díaz Ayuso.

La gerencia de AP en Madrid colabora intensamente en el maltrato de los profesionales y en la pérdida de sus características esenciales: la accesibilidad, la longitudinalidad y la presencia y cercanía. La falta de personal administrativo produce dificultad en el acceso telefónico, y esto conduce a vergonzosas colas en la entrada.

La pandemia ha supuesto un aumento importante de plazas vacantes: todas las jubilaciones y los traslados definitivos quedan sin ser cubiertos por otro profesional. Así hay más de 400.000 personas en Madrid que no tienen médico o pediatra asignado y no lo saben. Cuando estas personas solicitan atención, serán atendidos por otro profesional del centro. Esta situación impide la longitudinalidad, que supone ser atendido de forma continua por el mismo profesional, lo cual se ha demostrado de forma científica que mejora la salud de la población.

Todos los días, prácticamente todas las ausencias (las temporales y las definitivas) se reparten entre los profesionales del centro, suponiendo una importante sobrecarga asistencial añadida a las extensas agendas. El raquítico tiempo disponible inicialmente para cada paciente, entre 5 y 7 míseros minutos, se acorta aún más con los repartos. Finalmente los pacientes piden cambio a uno de los médicos del centro y la plaza vacante se vacía, se amortiza.

Es tal la sobrecarga a la que estamos siendo sometidos por los repartos de los ausentes, que la gerencia nos intenta comprar con algo de dinero, pagando un complemento desde hace dos meses por tarjetas sanitarias atendidas, como si el dinero nos pudiera mejorar las condiciones laborales indignas, como si el dinero nos diera más tiempo para atender adecuadamente al paciente.

Otra de las condiciones esenciales de la AP es la presencia: nunca la atención telemática puede sustituir a la atención presencial en una relación terapéutica. Es patético intentar localizar un dolor por teléfono e imposible explorarlo. Es muy frustrante sostener una crisis de ansiedad sin presencia y, desgraciadamente, el nivel de ansiedad es muy alto en toda la población en estos difíciles momentos. La consulta telefónica tiene sus indicaciones: temas burocráticos de receta o baja laboral, explicar resultados de analítica y alguna duda, poco más. Pues bien, la Consejería acaba de anunciar la creación de una Centralita Sanitarizada con más de 80 profesionales, que darán atención telefónica. Lo venderán como unidad de apoyo a la AP. Si el deseo fuera reforzar realmente, harían contratos estructurales en los centros de salud.

No nos engañemos, la Atención Primaria no es interesante para sus negocios. Una AP potente promueve la salud y previene la enfermedad. Con condiciones adecuadas, en los centros de salud se da atención resolutiva en más del 80% de las consultas, evitando su llegada a Urgencias. Si contamos con el tiempo necesario, disminuimos la utilización de fármacos y la derivación a especialista. Todo esto disminuye el negocio de la industria farmacéutica y de la privatización encubierta.

Es preferible el caos, colas interminables, atención no satisfactoria, creación de call centers privados, para así empujar a la población a contratar un seguro privado (ya el 39% de la población lo tiene), robando a la ciudadanía su derecho a una sanidad pública, universal y de calidad, que no es gratuita porque cada uno de los que aquí vivimos la sufragamos.

La pregunta quizá sea: ¿cómo es que los trabajadores no se movilizan? No tengo clara la respuesta. Imagino que influye la “anestesia” general de la sociedad, el cansancio físico y emocional, la desesperanza de no ver un posible cambio, la “normalización” de nuestra sobrecarga o el miedo a represalias (más del 53% de los contratos son precarios).

En mi caso, el miedo es a ser cómplice del derribo, y creo que todos nosotros lo somos si no informamos a la ciudadanía de lo que sucede puertas adentro. Atender cada día a entre 40 y 50 personas, de forma presencial y telefónica, pone en juego la dignidad del profesional (que no tiene tiempo físico) y la del paciente (que debe ser tratado como se merece), y supone para mí un grave conflicto. Para poder continuar, hago de la consulta un lugar inviolable, y del mejor trato posible un acto revolucionario.

Termino con una buena noticia: la ciudadanía despierta. En diferentes rincones, sumando sus fuerzas, comienza a organizarse. Ya son muchos los pueblos y barrios que empiezan a desentumecerse, a frotarse los ojos y ver la realidad. Solo hace falta que consigamos creernos que es posible.