Acceso a las vacunas: mal de muchos, ganancias de pocos
La pregunta que nos queremos hacer es muy sencilla: ¿por qué no hay suficientes vacunas? ¿No se podría hacer nada para conseguirlas? Las respuestas no son simples. Sobre ello va el artículo.
1. La industria farmacéutica es un oligopolio, es decir, un mercado controlado por unas cuantas empresas. En el caso de la lucha contra el coronavirus las patentes han sido conseguidas por las grandes industrias Pfizer, Moderna y Astra-Zeneca. Sin entrar en más detalles, los beneficios que les están reportando a estas grandes marcas son inmensos. Con las vacunas y otros fármacos virales el poder de la industria y los laboratorios de la sanidad crece vertiginosamente: mal de muchos, ganancias para pocos.
2. Modalidades contractuales. Debido a este poder y la legislación internacional sobre patentes, las empresas pueden mantener la propiedad intelectual del producto entre cinco y veinte años. En situaciones de extrema necesidad, el oligopolio farmacéutico establece unas condiciones contractuales con las instituciones internacionales o Estados nacionales muy ventajosas. Por ejemplo cláusulas de confidencialidad, opacidad informativa, obligación de patentar no solo el producto sino todos los procesos y modificaciones moleculares, ayudas públicas mediante cuantiosas subvenciones por parte de los Gobiernos e instituciones de carácter internacional y una comercialización o distribución de las vacunas en función de los mayores márgenes de beneficios...
3. El verdadero fondo es el carácter privado de la producción. El fin de las vacunas, que en teoría sería el bien y la salud pública, se transforman en formas de acumulación de capital y de grandes beneficios para grupos empresariales o fondos de inversión muy poderosos a nivel mundial (no olvidemos que entre estas industrias se incluyen cinco entre las 50 empresas más grandes del mundo). El objetivo de Pfizer, Moderna o Astra-Zeneca es una rentabilidad máxima y un prestigio de marca para futuras operaciones. Si hubiera una industria pública continental de la UE o industrias nacionales públicas reguladas en función de los intereses ciudadanos, otro gallo cantaría. Pero desgraciadamente no es así.
Con este sistema económico y social internacional no existe espacio para la conmiseración, la piedad, la solidaridad con ciudadanos enfermos o países pobres, con economías derrumbadas o sistemas de salud al borde del colapso. Menos que menos, no hay lugar para ningún tipo de principio ético. Esto es un hecho, y por lo tanto nos toca tomar nota y plantear estrategias de lucha, resistencias y recuperación de los bienes públicos. No nos daremos por vencidos. Es por la salud de esta generación y de las próximas.
4. Propuestas: la primera, la Unión Europea debe hacer públicos los contratos que ha firmado con las tres grandes firmas de la industria privada. Se debe romper la cláusula de confidencialidad, ya que ninguna de ellas ha cumplido las condiciones de entrega de vacunas en tiempo y cantidad. La UE debería obligar por la fuerza a que las tres cumplan lo pactado.
5. Segunda propuesta: que en caso de persistir las irregularidades se lleven a cabo acciones de carácter político y judicial más contundentes: licencias obligatorias. Se trata de una acción determinante para hacerse con la propiedad de las patentes. Está recogido en el derecho internacional que en caso suficientemente justificado (¿no lo sería una pandemia que está matando millones de personas y destruyendo la economía mundial?) se impondrá a la empresa o empresas la posibilidad de producción de un medicamento patentado en forma de genérico aun contra la voluntad del titular de la patente, a cambio de una pequeña compensación económica en casos de primordial importancia para la salud pública. De esta forma se reduciría el precio del medicamento y se favorece el acceso a toda la población. Y cuando digo a toda la población no me refiero solo a Europa, sino por supuesto a la población mundial.
En ningún momento el Gobierno español ejerció estos derechos. Ni siquiera en los años del descubrimiento de fármacos contra la hepatitis C (2014 y 2015). A pesar de las enormes movilizaciones de enfermos y pacientes, el Gobierno de Rajoy se negó. No obstante fueron obligados a una negociación con las farmacéuticas para lograr unos mejores precios y por tanto distribuir la medicación a todos los pacientes.
El artículo 43 de la Constitución española ya lo dice: “Compete a los poderes públicos organizar y tutelar la salud pública a través de medidas preventivas y de las prestaciones y servicios necesarios. La ley establecerá los derechos y deberes de todos al respecto”. Además hay precedentes internacionales. Sin embargo para romper el poder del oligopolio se necesita, además de jurisprudencia, una amplia lucha social. Nada de esto se está haciendo. No hay voluntad política por parte de ningún Gobierno del mundo, solo hay voces aisladas e indignación social. En mi opinión, el derecho a una vacunación universal es hoy la principal tarea que aborda la humanidad. Debemos movilizarnos para conseguirlo.