FUNDACIÓN WELLINGTON. Marzo 2020.
Dentro de su habitual ciclo de coloquios, la Fundación Wellington celebró el 25 de febrero un nuevo encuentro que llevó por título Libertad de expresión y legalidad, con el propósito de analizar la libertad de expresión, derecho garantizado por la Constitución, así como dónde se encuentran sus límites en un Estado democrático como el nuestro. En esta ocasión, los ponentes fueron Jesús Cacho, periodista y fundador del diario digital Vozpópuli; María Dolores de Cospedal, abogada del Estado; y Javier Gómez de Liaño, abogado, ex-magistrado de la Audiencia Nacional y ex-vocal del Consejo General del Poder Judicial.
Cristina Moratiel, presidenta de la Fundación Wellington, inauguró el acto exponiendo los puntos principales: “La libertad de expresión es un derecho fundamental que debe ejercerse con la cautela necesaria para no conculcar otros derechos como el honor o la imagen. No se pueden exculpar las conductas constitutivas de delitos, tales como injurias, calumnias o apología de la violencia. Asimismo, no se aplica con la misma objetividad en todos los casos, puesto que en muchas ocasiones queda cercenada por lo políticamente correcto”.
Ana Samboal, periodista y presentadora en Trece TV, fue la encargada de moderar la mesa. Samboal dio comienzo al debate planteando las siguientes cuestiones: ¿Qué es la libertad de expresión? ¿Qué se considera agresión a otro, en aras del ejercicio de este derecho? ¿Cuál debe ser la sanción si eso se produce?
Jesús Cacho fue el primero en intervenir generando un titular poco alentador: “El periodismo es una profesión que está muy mal. Está inmerso en una crisis”. Cacho añadió que la necesidad comercial que los medios tienen de las grandes empresas provoca que “el esquema sea perverso, porque implica un recorte lamentable de las libertades informativas. Ese muro de los medios con las empresas produce corrupción, como noticias que no se publican”.
Por su parte, María Dolores de Cospedal inició su intervención con la siguiente afirmación: “El derecho y la libertad de comunicación van de la mano. La libertad de información y de expresión son el sustento de la opinión pública”. En sociedades abiertas y democráticas como la nuestra, la libertad de información es total. “No es que sea libre, es que se puede publicar lo que se quiera. Pero tenemos que ver si tiene que haber límites a la sociedad de la información, porque hoy el ciberespacio permite que se muevan noticias falsas. Estamos hablando de desinformación, que es mucho peor que mentir. Es crear una realidad distinta a la que de verdad existe, utilizar la parte más vulnerable de la sociedad para que se sienta insegura y necesite creer en aquello que alguien le viene a contar”.
Javier Gómez de Liaño recogió el testigo apuntando que “la libertad de palabra, entendida como el poder de expresarse, es tan antigua como la raza humana. Pensar y expresarse son derechos tan imprescindibles como la seguridad y la propiedad. Quizás ésta sea la razón por la que la prohibición de ideas sea un horror y una falta de consideración hacia la capacidad humana para discernir, elegir, conocer las opiniones de los demás y adherirse a las ideas más coincidentes con nuestro pensamiento o, también, mejor fundadas que las nuestras”. Esto no quiere decir que “esa libertad de expresión sea absoluta y que haya que soportar los abusos que por ella se puedan cometer”.