PLATAFORMA MAYORES EN ACCIÓN. Enero 2018.Se está queriendo que aparezca como un problema de insuficiencia de medios, cuando en realidad el quid de la cuestión está en la distribución de la renta. Se pretende que creamos que la sostenibilidad del Sistema Público de Pensiones depende de cuántas personas son las que producen, cuando la variable importante es cuánto se produce; esto es, la productividad. Basar los argumentos únicamente en la relación del número de trabajadores existente en cada momento por cada pensionista es una falacia absoluta, pues aunque esa proporción se reduzca en el futuro, lo producido por cada trabajador será mucho mayor, como ha venido sucediendo a lo largo de décadas.
Ha sido una visión sesgada del Pacto de Toledo lo que ha introducido al Sistema Público en un laberinto de difícil salida. Si bien la literalidad del Pacto y de la Ley 24/1997, donde se plasma, dice que “...las prestaciones contributivas serán financiadas básicamente...” con las cotizaciones sociales, la interpretación interesada de que lo serán exclusivamente pretende llevarnos a la conclusión de que, ante la insuficiencia de los ingresos por cotizaciones, no hay otra salida que el recorte sistemático de las prestaciones, eximiendo al Estado de su evidente responsabilidad.
Frente a estas interpretaciones, debemos incidir en que la Seguridad Social no es algo distinto del Estado y de sus Presupuestos Generales. El divorcio que se pretende entre ambos solo es planteable desde una concepcion neoliberal, pero nunca desde los principios constitutivos del Estado Social. La protección social no es algo accidental al Estado, sino una responsabilidad de éste.
Consecuencia de esa concepción neoliberal y antisocial es que siempre nos estén hablando de los gastos, pero muy poco de los ingresos. No es la pirámide de población ni el incremento de la esperanza de vida lo que amenaza la sostenibilidad de las pensiones, sino las insuficiencias de nuestro sistema fiscal, presa del fraude, de la evasión y de las continuas reformas regresivas. El riesgo viene de una ideología que contempla con satisfacción que la presión fiscal de España (32,4%) sea la más baja de la Europa de los quince, inferior incluso a la de Grecia (34,9%) y Portugal (36,1%); con 13 puntos de diferencia respecto a Francia y 10 y 8 con Italia y Alemania, respectivamente; y de unos Gobiernos que prefieren recortar las pensiones (o la sanidad, o la educación...) antes que acometer, en serio, la reforma fiscal necesaria. Ésta sí tendría que ser la primera y principal reforma que habría de llevarse a cabo.
Favorecer los fondos privados de pensiones
Ésa y no otra es la verdadera finalidad de las campañas que se vienen desarrollando, desde hace décadas, para sembrar dudas acerca de la viabilidad de las pensiones públicas, con el propósito de potenciar los fondos privados, a mayor beneficio de la banca y las aseguradoras. Pero supeditar la solución de la contingencia de vejez al ahorro que cada individuo haya podido acumular a lo largo de su vida activa es condenar a la pobreza, en su ancianidad, a la gran mayoría de la población. Sabido es que el 60% de los ciudadanos carecen de capacidad de ahorro, por sus bajos ingresos, y otro 30% que si bien puede ahorrar algo, lo hace en una cuantía a todas luces insuficiente para garantizar el mínimo vital en la jubilación.
En estas fechas [mediados de diciembre], se supone que la Comisión Parlamentaria del Pacto de Toledo está debatiendo medidas para sanear las cuentas de la Seguridad Social, pero eludiendo (salvo excepciones), los efectos de las anteriores reformas. Es un momento que debemos aprovechar para salir a la calle y manifestar nuestro más absoluto rechazo a la situación actual y presionar por un cambio de rumbo que garantice la suficiencia de las pensiones actuales y de las futuras, mediante el fortalecimiento del Sistema Público de la Seguridad Social. En este sentido, diversas organizaciones de jubilados y pensionistas nos movilizamos el 16 de diciembre.